Qué pasó en la planta del Parque Industrial de Pilar
La brasileña Moura, histórica fabricante de baterías, dejó de producir baterías para camiones en su planta de Pilar (Buenos Aires) y decidió abastecer ese segmento con importaciones desde Brasil. La medida implica el cierre de dos líneas de producción en la fábrica local, con 25 puestos en riesgo sobre una dotación total de unas 180 personas (operarios, administrativos y logística). La empresa abrió un programa de retiros voluntarios —al que ya se acogieron algunos trabajadores— mientras el Sindicato Químico de Pilar, conducido por Sergio González, negocia la reubicación del resto del personal afectado.
No se trata, por ahora, del cierre total de la planta: el gremio aclaró que Moura no manifestó intención de irse del país, aunque advirtió que preocupa que el recorte “no se detenga en las líneas de baterías pesadas y avance hacia otras producciones”.
Por qué lo hacen: la ecuación de costos
Las crónicas coinciden en que la decisión responde a una combinación de costos locales altos, caída de la demanda interna y mayor facilidad para importar. Moura opta por “optimizar su red regional” y reemplazar producción local por producto terminado desde sus plantas brasileñas, en un contexto donde producir en Argentina pierde competitividad frente a traer las baterías ya hechas. En el mismo sentido, se describe un clima de “furia de la importación y suba constante de costos” que empuja a firmas industriales a desactivar líneas y reconvertirse en importadoras.
Fundada en 1957 en Belo Jardim (Pernambuco) y con su desembarco en Pilar en 2012 —su primera producción fuera de Brasil—, Moura amplió con los años su portafolio hacia baterías y sistemas de almacenamiento para aplicaciones industriales y de movilidad. Hoy, esa diversificación convive con el recorte puntual en el segmento de camiones.
El punto que más inquieta: la respuesta oficial
Más allá de que Moura sea una empresa brasileña y de que el reemplazo por importaciones sea una decisión empresaria, lo que preocupa es la falta de reacción frente a la pérdida de empleos. El propio sindicato denunció una “masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia”, y vinculó el caso a la apertura de importaciones que “dejó a muchos trabajadores en la calle”.
Del lado del Gobierno, Javier Milei defendió la apertura y los cierres: sostuvo que “los empleos que se destruyen en este sector se van a crear en otro sector, que además está en condiciones de competir internacionalmente”, presentando la destrucción de puestos en sectores protegidos como parte de una reasignación de recursos. En esa línea, acusó a quienes defienden la industria nacional de “chorros/prebendarios” y afirmó que la competencia permitirá que la gente ahorre y consuma otros bienes.
El caso Moura condensa un dilema que excede a una sola empresa: importar desde Brasil puede ser más barato que producir en Pilar, pero la ecuación deja 25 trabajadores en situación crítica y un temor sindical a que el ajuste escale a otras líneas. Mientras la compañía reorganiza su esquema regional, la discusión de fondo es política: si el modelo económico acepta los cierres como un costo necesario de la apertura —como plantea el Presidente— o si debería haber una estrategia activa para sostener empleo industrial y capacidades productivas en el país. Por ahora, la señal más visible es la ausencia de interlocución estatal que el propio gremio reclamó con frustración: “no hay con quién hablar en el Gobierno para buscar soluciones”.
Carlos Alberto Leiva