El Gobierno decidió cortar por lo sano: con el riesgo país arriba de 600 puntos y la guerra en el Golfo encareciendo cualquier salida a Wall Street, Luis Caputo archivó el plan de volver a los mercados internacionales y optó por financiar los vencimientos con emisiones locales, privatizaciones y otras fuentes más baratas. No fue olvido ni desidia —el regreso al crédito externo estaba en los papeles para 2026—, fue un recálculo obligado por un contexto que se volvió hostil para la deuda emergente y, en particular, para la Argentina, donde el “riesgo kuka” y la incertidumbre de las presidenciales de 2027 siguen poniendo un techo a la compresión de los spreads.
La apuesta, entonces, se juega adentro y en el corto plazo: que el segundo trimestre traiga un repunte sostenido por el ingreso de dólares de la cosecha gruesa, una inflación que después de un marzo en torno al 3% empiece a ceder en abril por debajo del 2,5% si el petróleo no se dispara, y una mejora del salario real apuntalada por la estabilidad cambiaria y la moderación de los agregados monetarios. El dólar no se escapó pese al conflicto, el cepo contiene la demanda y el flujo del agro sostiene la oferta, al punto de que el tipo de cambio real se apreció cerca de un 10% desde enero; hay colchón interno —depósitos en dólares en niveles récord cercanos a USD 39.000 millones— y un plan concreto para cubrir el vencimiento de julio con un Bonar 2027 por unos USD 2.000 millones.
El problema no está en la aritmética del financiamiento, sino en el tiempo social. La economía se mueve en “K”: el agro, la intermediación financiera y la pesca crecen con fuerza, pero la industria manufacturera cae, el comercio retrocede y la construcción está estancada; el PBI subió 4,5% el año pasado y, aun así, se destruye empleo. Esa asimetría explica por qué la recuperación no se siente pareja en la calle. Si la desinflación se demora porque el crudo vuelve a subir —YPF ya buscó ponerle un tope de 10% al aumento de naftas por considerarlo coyuntural— o porque la guerra se alarga, el alivio en el bolsillo tarda más en llegar y la paciencia se tensa, sobre todo con un calendario político que ya mira a 2027.
No es que la meta de una inflación anual de un dígito se haya esfumado, pero hoy el objetivo operativo es más modesto y urgente: quebrar la inercia mes a mes y que esa baja se combine con una recomposición del salario real que se note. El Gobierno no necesita que “la gente esté adentro” del diseño técnico del plan; necesita que aguante hasta que los números del segundo trimestre empiecen a traducirse en una mejora percibida. Si abril y mayo muestran esa señal, el cambio de estrategia —menos mercado externo, más palanca interna— habrá ganado el tiempo que necesita; si no, el riesgo no será financiero sino político.
Carlos Alberto Leiva