A fines de febrero, La Texto Fabril, la textil de Alta Gracia (Córdoba) fundada en 1946 y dedicada a fabricar elásticos para ropa interior y vendas quirúrgicas, comunicó su cierre definitivo y despidió a sus últimos 30 trabajadores y trabajadoras. Veinte días después del anuncio, los exempleados denunciaron que la empresa pretende abonarles solo el 50% de la indemnización legal.
Qué pasó
- El 25 de febrero llegaron las cartas documento con el fin de las operaciones, mientras el plantel estaba de vacaciones obligatorias dispuestas por la firma.
- La empresa venía de un concurso preventivo de crisis presentado a fines de 2025 y, según los trabajadores, ya desde principios de ese año había dejado de pagar aportes jubilatorios y a la obra social.
- En los telegramas, la patronal se ampara en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar indemnizaciones al 50% por “crisis”. Los trabajadores fueron al Ministerio de Trabajo, que intimó a la compañía a pagar el 100%, pero la firma insiste en el recorte.
- Un exempleado con 34 años de antigüedad contó que la patronal “solo pagará la mitad de los años trabajados” y que buscan “salir con el dinero que corresponde”.
- La firma justificó la decisión en “la gran crisis económica” mencionada por el Gobierno de Javier Milei en el DNU 70/2023, la recesión, la carga impositiva y la apertura de importaciones.
Implicancias
- Precarización del despido: el uso del art. 247 (indemnización reducida por fuerza mayor/crisis) abre la puerta a que cierres por “crisis” se traduzcan en pagos al 50%, aunque el procedimiento preventivo no se haya acreditado del todo.
- Pérdida de derechos adquiridos: los trabajadores denuncian aportes impagos y salarios partidos (parte “en blanco”, parte no remunerativa) desde 2025, lo que deja a muchos sin cobertura médica y con aportes jubilatorios incompletos.
- Antecedente sectorial: el caso se inscribe en una ola de cierres textiles atribuidos a la caída de la demanda interna y la competencia de importados.
Consecuencias
- Impacto social inmediato: unas 30 familias quedan sin ingresos; los montos del fondo de desempleo que tramitan rondan entre $150.000 y $300.000 según antigüedad.
- Pérdida de capital productivo local: desaparece una empresa de casi 80 años que era parte de la identidad industrial de Alta Gracia.
- Conflicto legal abierto: con la intimación del Ministerio y la negativa empresaria, el reclamo por el 100% de la indemnización seguirá en sede administrativa/judicial, mientras los despedidos organizan protestas frente a la planta cerrada.
En síntesis, el cierre no es solo el fin de una fábrica histórica: muestra cómo la combinación de crisis económica, cambios normativos (DNU 70/2023) y el recurso a figuras legales de excepción pueden dejar a trabajadores con décadas de antigüedad cobrando la mitad de lo que les corresponde, y a una ciudad perdiendo un símbolo productivo.
Carlos Alberto Leiva