Diez años después de la denuncia original, la causa por presuntas maniobras defraudatorias en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) llegó a juicio oral. El debate quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata, con los jueces Ezequiel Augusto Medrano, Carmen Rosa Palacios Arias y Lucas Massaccesi. En el banquillo se sentarán 11 exdirectivos —la lista inicial era mucho más larga y se fue depurando por planteos defensivos— entre ellos el expresidente Antonio Atilio La Scaleia, el exvicepresidente Roberto Jorge Passo, y los empresarios Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Adrián Bianchimano, además de otros funcionarios del área de prestaciones, finanzas y auditoría.
Qué se investiga
Entre mediados de 2013 y fines de 2015, según la acusación, un grupo de 18 personas que trabajaban en IOMA, con la colaboración de dos personas más que dirigían un “grupo de hecho” de cinco empresas (Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., Sistemas Operativos Salud S.A. y Cerca Salud S.A.), montó un circuito paralelo para tramitar internaciones domiciliarias. Direccionaron, autorizaron y pagaron el servicio a esas firmas por unos 650 millones de pesos de entonces. La fiscalía imputa delitos graves: defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5º), asociación ilícita (art. 210), peculado (art. 261), negociaciones incompatibles (art. 265) y uso de documento falso (art. 296).
La Cámara (Sala III, jueces Juan Benavides, Fernando Mateos y Raúl Dalto) describió el modus operandi: trato preferencial a ese grupo económico, falta de auditorías de terreno, liquidaciones manuales de excepción, resoluciones “a medida”, registros deficientes y captación directa de afiliados por las empresas. El contraste entre lo facturado y las prestaciones reales (firmas desconocidas, profesionales que no reconocen las atenciones) revela, según el fallo, un sistema coordinado desde adentro del IOMA para asegurar el flujo de ingresos ilícitos. En esa instancia también se sobreseyó a Luis Ángel Pérez, Patricia Viviana Nisembaum, Gustavo Fernando Seva y Jorge Héctor Giordano tras apelaciones de las defensas.
Por qué importa: implicancias y consecuencias
- Escala y daño al sistema: el monto (650 millones) y la participación de la cúpula del organismo muestran cómo una obra social provincial pudo usarse como “caja” para beneficiar a un grupo de empresas, afectando los recursos destinados a los afiliados.
- Diez años de recorrido judicial: la denuncia la impulsó el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos (SUPTT-IOMA), presidido por Idelmar Raúl Seillant, y luego la tomó públicamente la legisladora Elisa Carrió. El largo plazo —con múltiples impugnaciones y sobreseimientos— expone la dificultad para llevar a juicio causas complejas de corrupción.
- Efecto sobre los afiliados y trabajadores: el expediente se inscribe en un malestar más amplio con IOMA que sigue generando protestas por falta de cobertura, demoras y pagos adeudados a cuidadores domiciliarios, como reflejan posteos recientes sobre reclamos en La Plata.
- Señal institucional: el juicio en el TOC V con 11 acusados (de los 18 iniciales) marca un cierre parcial de la etapa de instrucción y abre la etapa de prueba oral. Antes del debate se analizarán salidas alternativas para darle celeridad, algo clave después de una década de trámite.
En síntesis, lo que empezó como una denuncia sindical por un circuito paralelo de internación domiciliaria terminó, diez años después, en un juicio oral contra la ex conducción del IOMA y dos empresarios, con acusaciones que combinan fraude, peculado y asociación ilícita. El proceso pondrá a prueba la capacidad de la Justicia para traducir una investigación voluminosa en responsabilidades concretas y, sobre todo, para responder al reclamo de afiliados que llevan años denunciando vaciamiento y mala administración.
Carlos Alberto Leiva