El concejal Guido García (Coalición Cívica) pidió interpelar al titular regional de IOMA en Mar del Plata porque la situación de afiliados y prestadores “se agravó” y el sistema “termina judicializando la salud”. El planteo, presentado en el Concejo Deliberante, busca que el funcionario explique qué plan hay para resolver una crisis que ya lleva tiempo y afecta a miles de familias.
Lo que denuncia García
- Falta de cobertura y libertad de elección: “El afiliado quiere ir a su clínica de confianza, a su médico, al kinesiólogo o al psicólogo que eligió toda la vida, pero no puede. Tiene que terminar en los policonsultorios y ahí tampoco recibe atención”, explicó en una entrevista con la 99.9. En salud mental, advirtió, “se cierran listas de espera por la gran demanda”.
- Magnitud del problema: en Mar del Plata habría más de 100 mil afiliados (titulares y grupo familiar). Son afiliados obligatorios, “rehenes de un sistema que hoy no cubre nada”.
- Deudas con prestadores: hay transportistas de personas con discapacidad que llevan más de ocho meses sin cobrar. “Siguen trabajando por una cuestión humana, pero muchos están dejando de hacerlo porque no pueden sostenerse”.
- Judicialización: cada vez más pacientes recurren a amparos; la Justicia les da la razón, pero IOMA paga tarde, con intereses y multas. “Se termina pagando la prestación, más intereses punitorios, con dinero de todos”.
- Policonsultorios vs. red existente: cuestionó que se construyan nuevas estructuras —“en muchos casos son cáscaras vacías”— mientras se mantiene deuda con prestadores y la atención no mejora. “¿Por qué hacer más infraestructura en lugar de pagar las deudas y garantizar la atención?”.
El pedido de interpelación apunta a que el responsable regional informe la situación actual, el estado de convenios con clínicas, los tiempos de autorización y el plan para regularizar pagos y prestaciones.
Implicancias y consecuencias (en palabras simples)
Para los afiliados
- Menos opciones reales de atención: aunque existen policonsultorios, la oferta es limitada y hay demoras de turnos (en algunos casos hasta dos meses).
- Riesgo de interrupción de tratamientos, sobre todo en áreas sensibles como salud mental, discapacidad y oncología, donde ya se reportan listas de espera cerradas.
- Más burocracia y angustia: muchas familias deben iniciar amparos para acceder a lo que debería cubrir la obra social, con el desgaste emocional y económico que eso implica.
Para los prestadores
- Atrasos de pago (meses de demora) que asfixian a profesionales y servicios de traslado, y llevan a suspender atención o a trabajar “a pérdida” por compromiso humano. Esto reduce la red disponible y sobrecarga a los pocos centros que atienden (Sanatorio Belgrano, Clínica del Niño y la Madre, etc.).
- Desconfianza en los convenios: clínicas históricas dejaron de recibir IOMA y los nuevos acuerdos con intermediarias (como ACEAPP) no siempre garantizan servicios completos.
Para el sistema público
- Judicialización: la salud se termina definiendo en tribunales. Eso encarece todo (se paga la prestación + intereses + multas) y usa recursos públicos de forma ineficiente.
- Desgaste social y protestas: afiliados autoconvocados y trabajadores de la salud vienen manifestándose en Mar del Plata por falta de pagos y cobertura. El malestar también se ve en redes, con denuncias de demoras y servicios cortados.
- Riesgo de colapso o cambio de reglas: García advierte que, si no hay respuesta, se puede llegar a una “judicialización total” o a discutir la obligatoriedad de IOMA. En la práctica, eso abre la puerta a que más gente busque alternativas privadas, profundizando la desigualdad en el acceso.
En resumen: la crisis combina tres cosas que se retroalimentan —afiliados que no consiguen atención, prestadores que no cobran y un Estado que termina pagando tarde y más caro por vía judicial—. El pedido de interpelación busca ponerle números y responsables a ese círculo vicioso y forzar un plan concreto para que la cobertura vuelva a funcionar en Mar del Plata.
Carlos Alberto Leiva