Mientras el Gobierno y las empresas de transporte se trenzan en una guerra de planillas, auditorías y subsidios, 4.000 colectivos menos circulan por las calles. El resultado no es un número técnico, es el desprecio por el tiempo y la seguridad de millones de trabajadores que, una vez más, ponen el cuerpo para que las cuentas cierren.
El miércoles 1 de abril de 2026 no fue un día más para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Fue el inicio de una “racionalización” —el eufemismo técnico para el recorte— que dejó a pie a miles. Las cámaras empresarias (CEAP, CETUBA, CTPBA y otras) decidieron que, ante el aumento del gasoil y la falta de actualización de subsidios, la única salida es guardar los coches. Para ellos, es una cuestión de supervivencia financiera; para el usuario, es una condena a la intemperie.
La guerra de los ceros
El conflicto es un laberinto de acusaciones cruzadas. Por un lado, el Gobierno Nacional endurece su postura: auditorías que detectan kilómetros no recorridos y la decisión política de que cada jurisdicción se haga cargo de sus propias líneas. Del otro, las empresas aseguran que con la Resolución 16/2026 no alcanza para cubrir los sueldos ni el combustible.
En el medio, el vacío. Un vacío que se llena con gente amontonada en paradas oscuras, esperando un colectivo que quizás no pase, o que cuando llegue, vendrá tan lleno que ni siquiera frenará.
La variable de ajuste tiene cara de trabajador
La realidad es cruda y no entiende de “equilibrio fiscal”. El ajuste lo paga el empleado que llega tarde y sufre el descuento del presentismo. Lo paga la madre que lleva a su hijo al hospital y ve cómo el turno médico se pierde tras una hora de espera. Lo paga el jubilado que no puede costear un remís y queda expuesto en una esquina insegura porque la frecuencia se estiró hasta el hartazgo.
No es solo una cuestión de pesos; es una expropiación del tiempo de vida. Cuando una persona debe salir dos horas antes para asegurar su llegada al trabajo, está perdiendo horas de descanso, de familia o de estudio. Es un costo invisible para los despachos oficiales, pero devastador para la economía doméstica de la clase media y baja.
El futuro: ¿Solución o mayor desigualdad?
El traspaso de las 31 líneas a la Ciudad de Buenos Aires y la quita de subsidios nacionales parecen ser el próximo capítulo de una saga de desfinanciamiento. Si la política no logra un acuerdo que ponga al ciudadano como prioridad, el transporte público del AMBA corre el riesgo de convertirse en un servicio de lujo o, peor aún, en un sistema fantasma.
Hoy, la respuesta que recibe la ciudadanía es simple y dolorosa: el esfuerzo lo hacen los de siempre. Mientras los funcionarios auditan y los empresarios reclaman, el “hombre de a pie” sigue ahí, bajo la lluvia o el sol, mirando el cronómetro de un celular que marca el tiempo que ya no va a recuperar.
Carlos Alberto Leiva