En Díaz, un pueblo de apenas 2.000 habitantes del departamento San Jerónimo, la planta de Sudamericana de Lácteos —dueña de las marcas Premio, SyS, Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca— está completamente paralizada. La firma arrastra al menos tres meses de salarios impagos para unos 80 trabajadores y una deuda creciente con los tamberos que la abastecían; según datos del Banco Central, logró cubrir más del 90 % de cheques rechazados por casi $189 millones, pero en febrero de 2026 volvió a registrar rechazos por unos $12 millones por falta de fondos. El intendente Juan José González explicó que el conflicto se agravó durante la última transición de dueños —la planta pasó por Parmalat, La Mucca, Lactalis y, a comienzos de 2026, fue vendida a Lácteos Servio de Villa María— y que la falta de capital de trabajo terminó frenando la producción.
El caso no es aislado: la cuenca lechera santafesina atraviesa “uno de sus momentos más críticos”, con plantas frenadas y atrasos salariales que golpean a cientos de familias. La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) advirtió que desde 2023 cerraron 310 empresas en la provincia y se perdieron más de 8.200 empleos, con una caída de ventas de entre el 8 % y el 9 %.
La respuesta santafesina: mediación y empresas recuperadas
Frente al parate, la comuna de Díaz impulsa aplicar el régimen de recuperación de empresas vigente en Santa Fe desde 2017. “El titular está dispuesto a ceder la fábrica a los empleados para que continúe operando”, señaló González. La Ley 13.710, sancionada el 30 de noviembre de 2017, declara de interés social la recuperación de firmas en crisis por parte de sus trabajadores organizados en cooperativas y crea un registro provincial con beneficios concretos: asistencia técnica y jurídica, preferencia como proveedores del Estado, tratamiento fiscal preferencial, acceso a créditos y bonificaciones en la tarifa eléctrica. La norma, reglamentada en 2019, es aplicada por la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria y busca “contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo dignos”. En la práctica, cooperativas como Jabonera Cañada Rosquín, Galletti, Cerro Blanco y Algodonera Santa Fe ya accedieron, por ejemplo, al descuento del 30 % en la factura de luz previsto por la ley.
Nación: “el que cierra, cierra”
Mientras la provincia activa herramientas de mediación y acompañamiento, el gobierno de Javier Milei descree de la intervención estatal y deja que el mercado decida. Esa lógica se traduce en un “el que cierra, cierra” que no contempla las vidas, las familias, el trabajo digno ni la ruralidad que sostienen esas plantas. El propio secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Ayerra, admitió el colapso: durante los primeros seis meses de gestión cerraron unas 13.000 pymes, y otros relevamientos hablan de más de 16.000 empresas y 236.000 empleos formales perdidos desde la asunción de Milei. En paralelo, Chequeado verificó que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 el número de empleadores cayó de 512.357 a 490.419, una baja del 4,3 %.
Dos modelos en tensión
En Santa Fe, la ley de empresas recuperadas ofrece un camino institucional para que los trabajadores se hagan cargo de la producción, con apoyo técnico, prioridad en compras públicas y alivios tarifarios. En la vereda opuesta, la administración nacional reduce al mínimo la presencia del Estado y asume el cierre de firmas como un dato estadístico, aun cuando detrás hay comunidades enteras —como Díaz— cuya economía depende de una sola usina láctea. El desenlace de Sudamericana de Lácteos —cooperativa de trabajadores o llegada de un inversor privado que hoy se ve lejano— será también un test sobre qué modelo prevalece para sostener el entramado productivo del interior.
Carlos Alberto Leiva
Fuente: Sin Mordaza