La frase “Javier Milei puso en venta el agua” se ha convertido en un lema recurrente y una fuente de considerable debate en Argentina, especialmente entre críticos de su gobierno y defensores del acceso público a los recursos naturales. Aunque no existe un decreto o ley que literalmente ponga “en venta” el agua de ríos y lagos del país, la expresión alude a una serie de políticas y declaraciones del presidente Javier Milei que han generado profunda preocupación sobre el futuro de la gestión hídrica y otros recursos estratégicos en Argentina.
Principalmente, esta afirmación se basa en tres ejes fundamentales de la política del gobierno libertario:
- Privatización de empresas y activos hídricos y energéticos: Una de las acciones más concretas que respaldan esta frase es el impulso del gobierno de Milei para privatizar o concesionar empresas estatales vinculadas a la gestión del agua y la generación hidroeléctrica.
- AySA (Agua y Saneamientos Argentinos): Se ha anunciado el inicio del proceso para transferir el 90% de las acciones de AySA a capital privado, permitiendo cortes de servicio por falta de pago y aumentando las tarifas según la inflación y nuevas obras. AySA es la empresa encargada de proveer agua potable y cloacas a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
- Represas Hidroeléctricas: El gobierno también avanzó en la privatización de importantes represas hidroeléctricas como Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas represas, gestionadas anteriormente por la estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), representan una parte significativa de la capacidad de generación eléctrica del país y, al estar ligadas a cuerpos de agua, su privatización genera alarma sobre el control privado de recursos hídricos.
- Declaraciones sobre la “contaminación de ríos” y la propiedad privada: Otra fuente clave de preocupación son las declaraciones de Milei, previas a su presidencia, donde sugirió que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera” si no hay derechos de propiedad definidos sobre el agua y si el recurso es abundante. Argumentaba que solo la escasez y la valoración económica del agua, a través de la propiedad privada, incentivarían su cuidado. Estas afirmaciones, hechas en 2023, fueron vistas como una relativización de la importancia de la regulación ambiental y un respaldo a la mercantilización de un bien vital.
- Reformas legislativas y desregulación: El gobierno de Milei ha intentado impulsar una serie de reformas (como la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus) que, en sus versiones originales, buscaban modificar leyes de protección ambiental, como la Ley de Glaciares, y avanzar en la explotación de recursos naturales. Aunque algunas de estas modificaciones no prosperaron o fueron ajustadas, la intención subyacente de desregular y facilitar la inversión privada en sectores estratégicos, incluyendo aquellos que impactan el agua, ha mantenido la preocupación. Además, se ha cuestionado la eliminación de la jerarquía ministerial del Ministerio de Ambiente, convirtiéndolo en una subsecretaría.
En resumen, la expresión “Javier Milei puso en venta el agua” no se refiere a una venta directa de cada río o lago, sino a una crítica hacia un conjunto de políticas y una filosofía de gobierno que, según sus detractores, promueven la privatización de la infraestructura hídrica y energética, la desregulación ambiental y una visión del agua más como una mercancía que como un derecho humano o un bien común inalienable. Esto ha generado un intenso debate sobre la soberanía de los recursos naturales y el acceso equitativo al agua en Argentina.
Carlos Alberto Leiva