Negar a Videla, reivindicar el Falcon: el peligro constante del relato de Márquez

El relato que instaló el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, no es una mera opinión polémica: es una operación negacionista que deslegitima la Justicia de la democracia y abre la puerta a la violencia política. En TN, frente a Gabriel Levinas y Diego Sehinkman, Márquez negó que Jorge Rafael Videla fuera culpable de delitos de lesa humanidad y condicionó cualquier condena a que se lo juzgara “conforme la legislación militar en contexto de guerra… si Videla es culpable en un tribunal militar, con legislación militar, yo lo declaro culpable. Pero eso no se hizo”. Esa exigencia ignora que la democracia ya lo juzgó y condenó: en 1985 la Cámara Federal sentenció a Videla a reclusión perpetua por homicidios, tormentos y privaciones ilegales, y luego volvió a ser condenado en Córdoba en 2010 y en Buenos Aires en 2012 por el plan sistemático de apropiación de niños. Como recordó María O’Donnell al cruzarlo, el tribunal que juzgó a Videla “jamás determinó que fue una guerra” y citó a Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces de la sentencia de 1985, para desmentir esa construcción.

Ese negacionismo no camina solo. Convive con la reivindicación explícita de los símbolos de la represión. Un dirigente de La Libertad Avanza en Punta Indio celebró su Ford Falcon verde al aire: “Abrís el baúl y todavía huele a Justicia”, frase que la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata consideró apología del terrorismo de Estado e incitación al odio, y que derivó en una imputación penal. El Falcon verde, según el Archivo General de la Nación, es “memoria material de la labor clandestina de los grupos de tareas… el emblema de un poder secreto, oculto e ilegal”. De ahí a la consigna callejera de que “se quedaron cortos con los zurdos” hay un paso muy corto: es el mismo hilo narrativo que glorifica los métodos de la dictadura y naturaliza la violencia como herramienta política.

Ni siquiera Victoria Villarruel, señalada muchas veces por su negacionismo, llega a ese extremo explícito. Su planteo público pasó por cuestionar la cifra de los desaparecidos —“En el Parque de la Memoria… hay 8.751 nombres: ¿Dónde están los demás?”—, un gesto de relativización que los organismos de derechos humanos denuncian como parte de la misma matriz. Pero la diferencia es nítida: Villarruel discute números y contextos; Márquez y los sectores libertarios que lo rodean niegan la legitimidad de los juicios y celebran los símbolos de la represión.

El propósito de fondo es claro y es político: se trata de un relato antiperonista que, en su versión actual, se disfraza de “antikirchnerismo”. La operación es anacrónica y peligrosa: el kirchnerismo nace en 2003, en plena democracia, y su adversario no es una “guerra” de los setenta sino un proyecto político que compite en las urnas. Al trasladar la lógica de los setenta al presente —hablar de “guerra”, de “subversión”, de “zurdos” a los que “se quedaron cortos”— se reintroduce una gramática de exterminio que la sociedad argentina ya condenó. No es casual que quienes hoy niegan la sentencia de 1985 sí acepten, en cambio, la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, confirmada por Casación en 2024 y celebrada por Milei como prueba de culpabilidad. Esa selectividad muestra que no se trata de respeto abstracto a la Justicia, sino de usarla cuando conviene y deslegitimarla cuando contradice el mito fundante del relato.

El peligro es constante porque el negacionismo no se queda en los libros ni en los sets de TV: legitima socialmente la violencia, ofrece un lenguaje para justificarla y encuentra eco en sectores que vuelven a exhibir el Falcon verde como trofeo. La democracia argentina fijó un consenso —Memoria, Verdad y Justicia— sostenido por sentencias firmes y por una memoria social mayoritaria. Romper ese consenso con el pretexto de una “batalla cultural” antiperonista es volver a abrir la puerta que la sociedad decidió cerrar en 1985.

Carlos Alberto Leiva

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