El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, impulsa una licitación para entregar en concesión la gestión de los medios públicos de la Ciudad: el Canal de la Ciudad, la radio AM 1110 (La Once Diez) y la FM 92.7 (La 2×4). La idea central es que dejen de financiarse con impuestos y pasen a un modelo de gestión e inversión privada, aunque seguirían usando las licencias estatales. El propio Macri lo resumió en su cuenta de X: abrir la licitación, que el privado opere radio y TV, desarrolle la programación y pague un canon a la Ciudad.
Qué propone el pliego
- Concesión por cinco años desde la firma del acta de inicio.
- Montos base estimados: $645.225.000 para el canal de TV y $73.740.000 para las radios (total por los 60 meses).
- El adjudicatario asume toda la operación técnica, operativa y comercial, debe montar estudios propios en la Ciudad con tecnología de punta y garantizar transmisión 24/7.
- La Ciudad se reserva hasta un 30 % de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público.
- Para La 2×4 se mantiene la identidad cultural: foco en tango y música popular argentina, con al menos 70 % de música nacional (Ley 228).
- También se habilita desarrollar streaming, apps y herramientas de accesibilidad (subtitulado automático, transcripciones).
Por qué se frenó
Los pliegos estaban listos, pero el proceso se detuvo por discusiones internas en el gobierno porteño y por cuestionamientos políticos y gremiales, sobre todo por el futuro de los trabajadores de esos medios. Hay unos 500 empleados involucrados, según el debate público.
Implicancias y consecuencias
1. Ahorro fiscal vs. riesgo de mercantilización.
El Ejecutivo argumenta que el Estado debe concentrarse en “sus verdaderas prioridades” y que no tiene sentido usar recursos de los porteños para algo que el privado puede hacer sin costo para los vecinos. La contracara es la crítica de legisladores y trabajadores: consideran que se entrega patrimonio público y que la medida puede violar la Constitución de la Ciudad (art. 47) y la Ley 26.522 (art. 44), que establece la indelegabilidad de la explotación de servicios audiovisuales.
2. Cambios en la programación y control editorial.
Aunque el Gobierno retiene un 30 % de la grilla para contenidos institucionales, el resto queda en manos del concesionario. Eso abre la puerta a una lógica comercial (publicidad, rating) que podría desplazar espacios culturales o informativos menos rentables, aun cuando se mantenga la pauta cultural de La 2×4.
3. Impacto laboral.
Los trabajadores del canal y las radios difundieron comunicados bajo la consigna “lo público no se vende” y expresan incertidumbre sobre sus puestos. El pliego exige que la empresa aporte personal, pero no garantiza la continuidad de la planta actual.
4. Debate político y legal.
Legisladoras como Graciana Peñafort (Fuerza Patria) y Vanina Biasi (FIT-U) califican la licitación de ilegal e ilegítima y advierten que la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 podría revocar las autorizaciones si se considera una delegación de explotación. En redes, cuentas como @seguimoscambiando celebran la medida como ahorro para el vecino, mientras otras, como @estapasandoesto, recogen rechazo vecinal: “tendrían que seguir siendo 100 % de la Ciudad pero bien administrados”.
En síntesis: la concesión busca aliviar el gasto público y modernizar la gestión, pero pone en tensión la función social de los medios porteños, la estabilidad laboral y el marco legal que protege a los servicios audiovisuales estatales. El proyecto sigue en evaluación, a la espera de definiciones políticas.
Carlos Alberto Leiva