En un movimiento estratégico que redefine el equilibrio de poderes en la carrera por el control de la Auditoría General de la Nación (AGN), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó un proyecto de ley destinado a reglamentar este organismo de control antes de que la oposición logre nombrar a Emilio Monzó y al camporista Juan Ignacio Forlón como auditores.
La propuesta introduce cambios significativos en la estructura de la AGN, que incluyen:
- Un aumento de 3 a 4 auditores designados por la Cámara baja, con una reducción de 3 a 2 en las bancas correspondientes al Senado.
- Una modificación en la elección del presidente del ente, quien deberá ser elegido por el Senado de una terna presentada por el bloque opositor mayoritario.
- La reducción del mandato de 8 a 4 años, con posibilidad de una sola reelección, y la adecuación de las remuneraciones de los auditores al nivel de las dietas de los legisladores.
Esta movida llega en vísperas de una sesión especial convocada por la oposición para confirmar a Monzó y Forlón, en un contexto donde la vacancia en la AGN se extiende desde marzo de 2024. El oficialismo busca acelerar el debate y poner trabas reglamentarias que dificulten los nombramientos sin los nuevos requisitos.
Los críticos argumentan que se trata de una maniobra para modificar las reglas del juego en plena partida, blindando al oficialismo y comprometiendo la independencia del organismo. Mientras tanto, el bloque de La Libertad Avanza avala la iniciativa como un paso hacia una auditoría más transparente y profesional.
Con el tiempo corriendo, el futuro de la AGN y el control político sobre el gasto público en el año electoral están en juego. La tensión en el recinto será máxima mientras se define quién tendrá el control de este importante organismo. ¿Podrá la Cámara baja destrabar el temario reglamentario antes de que empiece la pulseada por las designaciones? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo de la AGN y el nivel de control sobre el gasto público.
Carlos Alberto Leiva