La desaceleración inflacionaria anunciada por el gobierno no se traduce en un aumento del bienestar para los trabajadores. A pesar de que la inflación bajó a 1,5% en mayo, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo debido al tope a las paritarias del 1% mensual impuesto por el gobierno.
Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los asalariados formales del sector privado perdieron 2,6% de su poder adquisitivo en marzo y 4% en abril. En mayo, los salarios permanecieron rezagados, ya que el oficialismo mantiene un techo paritario que no alcanza para cubrir la línea de pobreza, que se ubicó en $1.110.624.
La situación es crítica para muchos trabajadores, como los cajeros y vendedores que cobran un salario básico por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores de casas particulares, residentes del Hospital Garrahan y docentes de la provincia de Buenos Aires también se encuentran en una situación precaria.
El índice de precios no refleja de manera fidedigna el impacto de los aumentos en los servicios, que tienen un peso significativo en la canasta de consumo. Los servicios aumentaron 2,7% mensual, 17,7% en los primeros cinco meses del 2025 y 72,4% en términos interanuales, mientras que los bienes lo hicieron en un 0,9%, 11% y 33,1% respectivamente.
La consecuencia es un aumento del endeudamiento familiar para llegar a fin de mes. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 91% de los hogares posee alguna deuda y el 58% de las que fueron contraídas con tarjeta de crédito tuvo como destino la compra de alimentos.
Para revertir esta realidad, es necesario organizar la lucha por la recomposición salarial en todos los lugares de trabajo, como lo vienen haciendo algunos sectores que están enfrentando la ofensiva en curso. Es urgente una respuesta para los trabajadores que están siendo afectados por la política económica del gobierno.
Carlos Alberto Leiva