En la era digital, la información fluye a una velocidad sin precedentes, pero esta avalancha trae consigo un desafío colosal: la proliferación de noticias falsas, desinformación y propaganda. Lo que agrava el panorama es que este fenómeno, lejos de ser espontáneo, a menudo es producto de esfuerzos deliberados, incluso por parte de actores estatales, con fines políticos o económicos. En Argentina, este escenario ha encendido las alarmas, confrontando los principios fundamentales de libertad de expresión y de prensa establecidos en la Constitución.
El Poder y Peligro de las “Fake News”
Las “fake news” no son un simple malentendido; tienen un rol específico y pernicioso en el debate público. Su capacidad para manipular a la sociedad, influir en el discurso y erosionar la pluralidad de voces es innegable. Sus efectos son directos y perjudiciales: distorsionan la toma de decisiones del electorado, confunden a las audiencias y obligan a los medios tradicionales a un esfuerzo constante de verificación que altera su propia dinámica informativa. En un contexto de “posverdad”, la verificación de los hechos cede terreno ante la construcción de “verdades alternativas”, sembrando un terreno fértil para la polarización y la manipulación.
El Estado como Árbitro: ¿Solución o Riesgo?
Frente a la nocividad de la desinformación para la democracia, surge una pregunta crucial: ¿debe el Estado erigirse como el guardián de la verdad? El texto analizado es contundente: aunque la desinformación sea dañina, la libertad de expresión no admite atajos. Permitir que funcionarios u organismos estatales limiten el discurso público, incluso con la mejor de las intenciones, socava los pilares del Estado constitucional y convencional de derecho.
El sistema jurídico argentino es claro al respecto: las restricciones a la libertad de expresión son y deben ser excepcionales. Cualquier intento de control, abierto o disimulado, conlleva un riesgo inherente y grave: la autocensura.
La Sombra de la Autocensura
La autocensura es una forma de censura “blanda” o indirecta, quizás más insidiosa por su naturaleza. No necesita órdenes explícitas ni prohibiciones formales. Opera cuando periodistas, medios de comunicación o incluso ciudadanos limitan su producción o difusión de información por temor a represalias, presiones o reacciones estatales. Cuando el control estatal sobre la información se manifiesta, el resultado puede ser doble: o se impide el acceso directo a los medios de expresión, o se induce el silencio a través del amedrentamiento. En ambos casos, el desenlace es el mismo: la información vital deja de producirse y, por ende, de circular.
Una sociedad desinformada carece de los elementos esenciales para deliberar, controlar a sus gobernantes y tomar decisiones libremente. La censura moderna no siempre se viste de prohibiciones directas; a menudo, basta con infundir miedo.
Neutralidad Estatal: El Fundamento Democrático
Por todo ello, en materia de libertad de expresión, la obligación primordial del Estado es la neutralidad. El control democrático emana de la opinión pública, de un debate plural y robusto, no de despachos oficiales que clasifican discursos, dictaminan “falsedades” o establecen los límites de lo que se puede decir. La cuestión central persiste sin una respuesta fácil: ¿quién define qué es desinformación, con qué criterios y hasta qué punto?
Aunque administraciones pasadas, como la de Alberto Fernández con iniciativas como “Confiar” o “Nodio”, y la actual, con la Oficina de Respuesta Oficial, han buscado combatir las falsedades, el texto nos advierte sobre el peligro latente. Incluso cuando se parte de buenas intenciones, el control estatal sobre la información, por sutil que sea, puede desembocar en la normalización de la autocensura. Y cuando esta se convierte en la norma, la libertad de expresión deja de ser un derecho inalienable para transformarse en una mera concesión.
Carlos Alberto Leiva