La reciente reforma laboral, impulsada por la administración de Javier Milei, ha encendido alarmas que resuenan más allá de los despachos políticos. Lo que a primera vista podría presentarse como una medida de “flexibilización” o “modernización”, esconde en su letra chica un riesgo de desfinanciación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que augura consecuencias profundas y, para muchos, catastróficas. Y aquí radica la cruda verdad: el problema no es solo para los jubilados de hoy, sino una hipoteca para el futuro y un lastre para cualquier gestión venidera.
Hemos debatido la aritmética: el desvío de aportes patronales que antes nutrían directamente a la ANSES, ahora destinados a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), implica una merma multimillonaria para el sistema previsional. Cálculos conservadores hablan de miles de millones de dólares anuales que dejarán de ingresar a las arcas que sostienen las jubilaciones y pensiones. Esto, señalan voces expertas, no es un mero ajuste; es una sangría financiera que pone en jaque la sostenibilidad de un pilar fundamental del Estado de Bienestar.
Pero el problema se agudiza cuando miramos el “dinamismo” de la economía argentina. Es de conocimiento casi empírico que nuestro país, a menudo, no encuentra su motor en las exportaciones –esas que con demasiada frecuencia terminan en fugas de capitales y no en una real inyección productiva interna–, sino en el consumo doméstico. Y en ese tablero, ¿quiénes son jugadores esenciales? Nuestros adultos mayores.
Son los jubilados y pensionados quienes, por necesidad y por patrón de gasto, vuelcan casi la totalidad de sus ingresos al consumo. Compran alimentos, medicamentos, pagan servicios, pequeños gustos que sostienen miles de comercios y empleos a lo largo y ancho del país. Desfinanciar la ANSES, y con ello comprometer el poder adquisitivo de este segmento vital de la población, no es solo un golpe a la seguridad social; es un puñetazo directo al corazón de la actividad comercial. Menos poder de compra significa menos ventas, menos producción, menos empleo. Se articula una recesión por el lado de la demanda que anula cualquier posible beneficio de una supuesta “flexibilización” del lado de la oferta.
La consecuencia más dolorosa y menos deseable es la profundización del malestar social. En un país donde la inflación ya carcome los salarios y la capacidad de ahorro, empujar a los jubilados a una mayor precariedad es añadir leña al fuego. La angustia de no llegar a fin de mes, de tener que elegir entre comida y medicinas, no es una estadística fría; es la realidad lacerante de miles de hogares. Este resentimiento, esta sensación de abandono por parte del Estado, es un caldo de cultivo para la desafección social.
La pregunta que resuena, entonces, es inquietante: ¿Acaso el gobierno actual ignora estos efectos? ¿O los minimiza en pos de una agenda de ajuste fiscal que, según sus defensores, busca un bien mayor a largo plazo? La respuesta, probablemente, se inclina a la segunda opción. Se prioriza una ortodoxia económica que ve en la reducción del gasto público el único camino, incluso si eso implica desmantelar redes de contención social y sacrificar el consumo interno, el motor más confiable de la economía argentina.
El gran riesgo es que, bajo el velo de una supuesta “reorganización”, se esté cavando un pozo financiero y social tan profundo que la gestión Milei, al terminar su mandato, deje una herencia de problemas estructurales exacerbados. El próximo gobierno, sea cual fuere su signo político, no solo se encontrará con una ANSES debilitada y un consumo deprimido, sino también con un tejido social más fracturado y un nivel de malestar que podría hacer inviable cualquier intento de reconstrucción. La desfinanciación de la ANSES no es un tema menor; es una señal de alarma que pronostica un futuro más complicado de lo que ya imaginamos.
Carlos Alberto Leiva