La voz de Fernando Ónega resuena con una verdad fundamental que, en el vertiginoso panorama mediático actual, a menudo parece difuminarse: “El periodismo no está para halagar al poder, sino para vigilarlo. Cuando el periodista se convierte en amigo del gobernante, deja de ser útil a los ciudadanos”. Esta sentencia no es solo una máxima periodística; es un pilar democrático.
En su esencia, el periodismo nació para ser un contrapeso, una “cuarta columna” que mantuviera a raya los excesos y las opacidades de quienes detentan el poder. Su función primordial no es aplaudir las victorias o justificar las decisiones de los gobernantes, sino fiscalizar, cuestionar y, sobre todo, informar con rigor e independencia. Es a través de esta vigilancia constante que los ciudadanos pueden formar su propia opinión, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la vida pública.
El riesgo de la amistad, de la cercanía excesiva entre el periodista y el político, es una pendiente resbaladiza. Lo que comienza como una relación de confianza para obtener información puede derivar rápidamente en complacencia, en la omisión de preguntas incómodas o, peor aún, en la justificación acrítica de acciones. En ese punto, el periodista traiciona su deber, dejando de servir al interés público para convertirse en un portavoz, consciente o inconsciente, del poder.
La utilidad del periodista radica precisamente en su capacidad de mantener una distancia crítica, de ser el ojo que observa sin prejuicios y la voz que interpela sin miedo. Solo así puede garantizar que la información que llega a la sociedad sea veraz, completa y relevante. Porque cuando la pluma se dobla ante el poder, los únicos perjudicados son los ciudadanos, despojados de la herramienta más valiosa para ejercer su soberanía: una información libre e independiente. La frase de Ónega es un recordatorio perenne de esta innegociable responsabilidad.
Carlos Alberto Leiva