“Tengo los dólares para dolarizar.” Esa frase, repetida con convicción por Javier Milei en su campaña, resonó como la promesa de un camino claro y expeditivo hacia la estabilidad económica. La expectativa de que los dólares “lloverían” al país una vez implementada la dolarización y su modelo económico era una imagen poderosa que capturó la atención de muchos. Pero, a marzo de 2026, la realidad económica se presenta con matices y complejidades que distan de aquella simplificación electoral.
El debate sobre el programa de estabilización y reformas que impulsa el gobierno de Milei se ha vuelto, indudablemente, más complejo. Las decisiones que se deben tomar son cada vez más dilemáticas y afectan una gama más amplia de intereses. Es fundamental, en este contexto, que las opiniones busquen atender a esa complejidad, en lugar de reducir la discusión a visiones maniqueas sobre “la nación”, “la industria” o el “país real”.
Tanto en la opinión pública como entre los expertos, existe una preocupación creciente por los costos de la estabilización y la apertura. La actividad industrial y el empleo son puntos sensibles, y el tiempo que insume terminar de bajar la inflación se percibe como una variable incierta.
La política actual de Javier Milei difiere notablemente de la de los años 90. De hecho, en una comparación inicial, el presidente parece salir perjudicado. La apertura se da en circunstancias más adversas, con una industria china dominante que apenas despuntaba hace décadas. Además, si la convertibilidad de los 90 logró un consenso y una fortaleza innegables al frenar la inflación en seco, hoy está claro que una solución similar no tiene ninguna posibilidad de éxito a corto plazo; el proceso inflacionario actual requerirá “años, muchos años” para ser domado.
Sin embargo, sería simplista concluir que el Gobierno “está metiendo la pata” o que se niega a cambiar de rumbo. La comparación con los 90 también tiene su contracara positiva. El programa actual resulta, en al menos dos cuestiones fundamentales, más consistente y sólido que el ideado por Carlos Menem y Domingo Cavallo. Primero, el ajuste fiscal ha sido mucho más profundo desde el inicio. El equilibrio de las cuentas, aunque aún no sea completo ni plenamente sostenible, no se basa en ingresos extraordinarios (como las privatizaciones) ni en la toma de nueva deuda, evitando así acumular problemas de inconsistencia a futuro.
Segundo, la política antiinflacionaria no se ató a una regla rígida y difícil de modificar. Esto permite corregir paulatinamente la ecuación entre tipo de cambio, apertura y reformas fiscales, adaptándose a las condiciones políticas y restricciones externas, evitando así grandes shocks. El propio Cavallo, en una intervención reciente, reconoció implícitamente esta ventaja, sugiriendo aprovecharla “antes de que se acumulen más problemas”, e incluso proponiendo una “nueva convertibilidad” más flexible, basada en la competencia de monedas y una menor intervención del Banco Central.
Este camino, que varios economistas proponen, podría implicar un discreto salto en la valuación del dólar, no tan abrupto como el del año pasado. Si se lograra bajar las tasas de interés y reducir el riesgo país, se sumarían “locomotoras” para impulsar el crecimiento, que hoy depende de solo tres sectores. La industria y el consumo masivo podrían dejar de caer y arrastrar al resto de la economía.
Hasta aquí, la discusión es mayormente técnica e instrumental. Pero también tiene componentes políticos que suponen dilemas difíciles. Determinar los medios y oportunidades para profundizar el programa implica calcular riesgos con información incompleta. El debate aún gira en torno a si el levantamiento parcial del cepo cambiario el año pasado fue prematuro o tardío, y si la actual cautela del Ministerio de Economía es una estrategia acertada a la espera de una mayor consolidación legislativa y una baja del dólar.
Pero hay otro debate, más duro y terminante, que gana peso. En parte, porque las cosas no van del todo bien en muchos sectores económicos. Y en parte, porque el Gobierno exageró sus pronósticos de un “año de grandeza nacional” con todo “encaminado”. En este escenario, reemergen ideas “bastante conocidas, incluso trilladas, y muy poco razonables”, sobre lo que se denomina “el país real”.
Según estas visiones, la economía de Milei sería el resultado de “abstracciones y reglas que no tienen ningún respeto ni reconocimiento hacia las condiciones concretas de existencia de la gente, los asalariados, las empresas, y los consumidores ‘reales'”. Esto explicaría el cierre de empresas y la pérdida de empleos, mientras el Gobierno “mira para otro lado, o contesta con estadísticas, o con principios económicos generales, como la competencia, la productividad, los costos marginales y el sistema de precios de mercado, que no reflejan ‘la realidad de la vida cotidiana de las personas de carne y hueso'”.
El fenómeno comenzó a despuntar cuando se contrapusieron los datos de la “macroeconomía”, que favorecían al Gobierno, con las “sensaciones de la micro”, donde las buenas noticias no se traducían en beneficios, sino en penurias. Con los recientes cierres de empresas y despidos, esta contraposición se ha intensificado: ahora se habla de una manipulación de datos que, formalmente, parecen dar la razón al Gobierno (crecimiento del PBI, baja del índice de pobreza y desempleo), pero que son refutados por las “imágenes concretas que ofrece el ‘país real’ que sufre al liberalismo”.
El Gobierno debe administrar mejor los problemas en el consenso social si no quiere que “se le dé vuelta la tortilla”. Después del amplio triunfo electoral del año pasado y los éxitos políticos en el Congreso, la opinión pública puede cansarse y empezar a recortar la confianza. Se empalma con otra creencia peligrosa: la idea populista de que la “macroeconomía” y sus reglas son abstracciones que no sirven a la gente común, sino que son usadas por “gobiernos liberales y los poderosos para engañarla y esquilmarla”. La macroeconomía, en esta visión, es “la nueva casta”.
Aunque el gobierno ha utilizado con éxito un “populismo político” y un “uso económico del populismo” al contraponer intereses, corre el riesgo de sufrir un duro traspié en la batalla cultural económica si se profundiza la creencia de que representa a “una elite de tecnócratas y financistas que no tienen nada en común con los argentinos del llano”. Si solo ve “que los datos dicen que el PBI crece”, se percibirá como aislado del sentir y las necesidades de la gente común, volviéndose él mismo “el sistema”, la casta. La promesa de la lluvia de dólares ha dado paso a una compleja discusión sobre los cimientos y el rostro humano de un modelo económico en pleno desarrollo.
Carlos Alberto Leiva