Hay una extraña fascinación en Argentina por habitar la excepcionalidad permanente. Mientras el resto del mundo occidental discute sobre tasas de interés moderadas, presupuestos equilibrados y bancos centrales dedicados a cuidar el poder adquisitivo de los ciudadanos, aquí preferimos convertir cada debate técnico en una saga épica de supervivencia. La discusión en torno a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —esa herramienta que busca simplemente prohibirle al Estado gastar lo que no tiene a costa de la inflación de los más vulnerables— desnuda una resistencia cultural mucho más profunda: la negativa sistemática a convertirnos en un país previsible.
La política argentina padece de un romanticismo trágico. Para ciertos sectores, la posibilidad de emitir dinero sin respaldo no es una anomalía contable ni la causa raíz de nuestra decadencia, sino una suerte de prerrogativa soberana, un acto de rebeldía contra las leyes de la gravedad económica. Oponerse a cercenar el financiamiento directo al Tesoro bajo el argumento de la “soberanía monetaria” equivale a defender el derecho de un pirómano a seguir guardando bidones de nafta al lado de la estufa. No es autonomía; es la validación institucional del parche y del descontrol.
Desde una mirada de centro, el equilibrio fiscal y una moneda sana no son consignas ideológicas de derecha ni instrumentos de ajuste perpetuo: son las condiciones basales de cualquier contrato social democrático. Un país donde la moneda se degrada mes a mes es, por definición, un país profundamente injusto, donde el ahorro del trabajador se evapora y solo prosperan los especuladores y los amigos del poder de turno. Pretender que el Banco Central vuelva a ser una caja pagadora del déficit político es apostar al fracaso serial.
Claro que las prevenciones institucionales merecen ser debatidas con seriedad. La transición hacia reglas estrictas exige madurez, y el temor a rigidizar la macroeconomía en momentos de crisis extrema es un argumento que los sectores dialoguistas deben poner sobre la mesa. Pero existe un abismo entre discutir los mecanismos de salvaguarda y blindaje, y defender el statu quo del déficit financiado con tinta y papel. Lo que se vota en el Congreso no es la clausura del Estado, sino el fin de una trampa histórica.
Aceptar las reglas de la normalidad macroeconómica global no nos vuelve menos soberanos; nos vuelve más confiables. Nos saca del oscurantismo inflacionario para ponernos en el mapa de las naciones que entienden que el bienestar no se decreta con emisión, sino que se construye con orden, previsibilidad y respeto por el esfuerzo ajeno. Oponerse a esa normalidad solo por el reflejo nostálgico de un pasado que fracasó es condenarnos, una vez más, a la obstinación de ser la única excepción que confirma la regla de la decadencia.
Carlos Alberto Leiva