La puesta en marcha del proyecto offshore Sea Lion, prevista para 2028, no solo consolidará un enclave colonial en el Atlántico Sur, sino que consumará un negocio fiscal redondo para los ocupantes. Las proyecciones indican que el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas recaudará entre US$ 2.850 millones y US$ 8.800 millones a lo largo de cuatro décadas, gracias a un esquema que contempla regalías del 9% y un impuesto corporativo a las ganancias del 25%. Para una población minúscula, este flujo multimillonario representa una riqueza per cápita inédita que le permitirá autofinanciar sus gastos, aliviar el presupuesto militar de Londres y blindar materialmente la usurpación del archipiélago.
Mientras las corporaciones británicas e israelíes celebran este botín bajo el amparo de la fuerza militar extranjera, en el continente la respuesta de la administración libertaria de Javier Milei queda expuesta en toda su miseria política. La retórica altisonante de las cadenas nacionales y los comunicados grandilocuentes contrastan de forma lacerante con una gestión gubernamental que actúa como socia silenciosa del despojo.
Al impulsar marcos normativos de entrega como el RIGI, que priorizan la rentabilidad corporativa por sobre los intereses vitales de la Nación, el Ejecutivo nacional exhibe una postura funcional a los intereses británicos. No hay defensa real de la soberanía cuando se vacían las herramientas de control y se prioriza el dogma económico por encima de la integridad territorial. Ante la pérdida total e inquebrantable de los recursos hidrocarburológicos que pertenecen por derecho histórico al pueblo argentino, la complicidad ideológica y la inacción material del gobierno libertario los consolidan, sin atenuantes, como traidores, entreguistas y vendepatria.
Carlos Alberto Leiva