El Día de la Industria volvió a poner en evidencia la compleja encrucijada que atraviesa el sector productivo argentino, atrapado entre una macroeconomía recesiva a nivel nacional y una pesada mochila fiscal acumulada durante años en las jurisdicciones provinciales. El cruce entre el gobernador Axel Kicillof y los representantes industriales en Castelar dejó al descubierto las diferentes lecturas sobre el origen de una crisis que, más allá de las disputas políticas, golpea de lleno la supervivencia de las pymes.
Durante el encuentro organizado en Morón, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), con voces vinculadas a Techint como Alejandro Gentile, planteó la urgencia de discutir una baja gradual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El argumento del sector privado parte de una realidad insoslayable: con un consumo interno derrumbado, caídas mensuales en las ventas y una alta competencia externa, la presión de tributos distorsitivos asfixia la caja de las fábricas.
Por su parte, la respuesta del mandatario bonaerense trasladó el eje de la discusión hacia el impacto del modelo económico del gobierno de Javier Milei, al que responsabilizó de impulsar una política de desindustrialización mediante la apertura importadora, el tarifazo y la caída del poder adquisitivo. Kicillof sostuvo que la estructura tributaria provincial es perfectible, pero remarcó que con esas mismas reglas el sector supo registrar etapas de expansión, sugiriendo que el problema actual no radica en los impuestos locales sino en el rumbo nacional.
Sin embargo, este diagnóstico choca con la memoria reciente del entramado productivo. Sostener que la crisis se explica únicamente por la actual administración federal pasa por alto que la industria argentina arrastra años de inestabilidad crónica, marcada por el endeudamiento externo, una inflación desbocada y una pérdida sistemática del salario real que se consolidó a lo largo de sucesivas gestiones.
Del mismo modo, apelar al contraste con bonanzas pasadas para minimizar los reclamos tributarios expone las limitaciones de una dirigencia política que, en lugar de tender puentes institucionales y buscar acuerdos transversales para aliviar la asfixia financiera de las pymes, opta por la confrontación partidaria.
Los datos oficiales de la propia Provincia reflejan la gravedad del escenario: entre fines de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 8.100 empleadores en territorio bonaerense y más de 153.000 puestos de trabajo formales. Frente a este panorama, tanto el peso fiscal provincial como la asfixia macroeconómica nacional se configuran como pinzas que ahogan a la producción. La salida de esta encrucijada exigirá dejar de lado los pases de factura históricos para construir consensos pragmáticos que prioricen la conservación del empleo y la supervivencia del tejido industrial por sobre la disputa electoral.
Carlos Alberto Leiva