El 8 de marzo, en su edición impresa, Tiempo Argentino advirtió que Jorge Macri había empezado a ejecutar el pacto que el PRO selló en mayo de 2025 con La Libertad Avanza (LLA): un acuerdo que contempla una reducción de entre el 12 % y el 15 % de la planta estatal de la Ciudad, además de recortes en educación y salud, paralización de obras, fusión de ministerios y la licitación de los medios públicos. Desde enero, ese compromiso se traduce en cesantías, contratos caídos y un decreto que abre un plan de retiros voluntarios para unos 300 trabajadores.
Ahora, el ajuste alcanzó al IDECBA (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad), el organismo que produce los principales indicadores porteños. El Instituto contaba con alrededor de 400 trabajadores en todas sus modalidades —planta permanente, transitoria y contratados—. De ese total, unos 140 monotributistas prestaban servicios bajo contratos anuales de Locación de Obras y Servicios (LOyS), una figura que históricamente se renovaba sin mayores inconvenientes.
Cronología del recorte
- Enero 2026. La Jefatura de Gabinete bloqueó los contratos anuales del IDECBA (cerca del 30 % del plantel). Ninguno de los 140 LOyS fue renovado; los trabajadores quedaron “liberados de tareas” por una supuesta demora administrativa y pasaron el mes sin cobrar. “Este año empezó bastante empantanado… en la segunda quincena de enero ya nos dijeron que nos liberaban de tareas hasta tanto se resuelve esa cuestión administrativa y finalmente en febrero nos confirmaron que iba a haber despidos”, relató a Tiempo Leonardo, nombre ficticio de un afectado.
- 10 de febrero. Tras más de un mes de incertidumbre, el jefe de Gabinete Sánchez Zinny y la dirección del IDECBA acordaron habilitar 80 renovaciones.
- Principios de marzo. Se sumaron 10 contratos más y otros 10 trabajadores fueron reubicados en distintas reparticiones. En paralelo, más de 60 personas recibieron la notificación de que sus contratos no se renovarían y que no cobrarían enero.
Tampoco se renovaron los contratos de asistencia técnica —convenios con la UNTREF, consultoras y otros organismos— que se venían firmando en febrero y marzo. No hay registro público, pero se estiman entre 15 y 25 casos adicionales.
Impacto en el organismo
“Desde enero el IDECBA funciona con un plan de contingencia que viene afectando el cronograma de informes mensuales y sobrecargando a muchas áreas. Faltan trabajadores y se nota”, explicó Martín Rampoldi, delegado de ATE Estadística Ciudad. Según Rampoldi, las autoridades anunciaron que el Instituto pasará por un “análisis de dotación óptima” en Hacienda, instancia que definirá si se reincorporan más contratos de quienes quedaron afuera.
Mientras tanto, el personal realiza asambleas, presenta petitorios, volantea y sostiene un fondo de lucha. La situación del IDECBA se suma a otras cesantías ya informadas: 50 docentes de alfabetización, 30 trabajadores del Instituto de la Vivienda (IVC) y el plan de retiros voluntarios que alcanza a unos 300 empleados. También se reportan cierres de jardines maternales y reducción de cargos docentes, medidas que distintos medios describen como la versión porteña de la “motosierra” tras el pacto PRO-LLA.
La combinación de despidos, contratos caídos y reasignaciones deja al organismo estadístico con un tercio de su dotación habitual en discusión, en un contexto donde el propio Gobierno reconoce que busca achicar la estructura del Estado porteño.
Carlos Alberto Leiva