La Argentina transita una etapa donde la confrontación permanente se ha convertido en el único lenguaje oficial del poder. A un lado, el dogmatismo de una gestión que confunde firmeza con intolerancia y desmantela canales básicos de diálogo; al otro, sectores que apostaron al desgaste sistemático y hoy responden con reflejos corporativos. En el medio de esa pinza, los hechos cotidianos —como el uso faccioso de las estructuras del Estado o la intromisión partidaria en las instituciones castrenses— revelan una deriva preocupante: la República reducida a un botín de facción.
El relevo anticipado de un jefe militar en Esquel por haber recibido a la vicepresidenta Victoria Villarruel, o la disputa larvada en torno al uso de helicópteros oficiales, no son meras apostillas de la “grieta”. Son síntoma de un fenómeno institucional grave: la colonización de los resortes del Estado por lógicas de lealtad personal o familiar. Cuando la Casa Militar —órgano encargado de la seguridad institucional— pasa a ser percibida como un fiel de la balanza para disciplinar mandos, se vulnera la neutralidad que las Fuerzas Armadas deben conservar en democracia.
Del mismo modo, la construcción de agendas paralelas por parte de la vicepresidenta, que transita el país atizando diferencias y cultivando bases sectoriales al margen del Ejecutivo, erosiona la cohexión gubernamental indispensable en momentos de crisis. El debate nacional no puede quedar prisionero entre la motosierra que arrasa con los consensos básicos y el corporativismo militar o político que busca atrincherarse en privilegios.
La salida a esta decadencia no se encuentra en los extremos que se alimentan mutuamente, sino en la reconstrucción del centro político. Esto implica un compromiso intransigente con el equilibrio de poderes, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el respeto estricto a la división entre la política partidaria y las instituciones fundamentales de la Nación.
Gobernar no es someter al adversario ni convertir cada acto de gestión en una afrenta personal. La democracia argentina necesita con urgencia recuperar la racionalidad, el respeto a la ley y la convicción de que el Estado pertenece a los ciudadanos, no a los bandos en pugna.
Carlos Alberto Leiva