La firma del dictamen en el Senado para el nuevo marco regulatorio de biocombustibles —impulsado por Patricia Bullrich y diseñado bajo la impronta desregulatoria del Ejecutivo— intenta maquillar el impacto social del proyecto original, pero mantiene intacta su matriz central: abrirle progresivamente la puerta a los grandes jugadores en detrimento del entramado pyme. Aunque el texto introduce modificaciones tácticas, como elevar el corte obligatorio de biodiésel al 10% a los doce meses e instrumentar un Mercado Electrónico de subastas, el fondo político y económico sigue generando profundas alarmas en las economías regionales.
Es cierto que el nuevo esquema contempla una transición más blanda para mitigar el golpe inmediato: las empresas no integradas conservarán la totalidad del mercado con el corte inicial del 7,5% y retendrán un 6,5% cuando este suba al 10%. Sin embargo, el rumbo a mediano plazo no se modifica. Hacia 2032, la participación asegurada para las pymes se achica drásticamente al 3%, mientras que el 7% restante queda librado a una “libre negociación” donde competirán en absoluta desigualdad de condiciones frente a los complejos aceiteras del polo de Rosario.
Someter a las pequeñas plantas del interior bonaerense —radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca o Saladillo— a un sistema de subastas electrónicas de precios no es sinónimo de transparencia competitiva, sino de darwinismo de mercado. Las pymes siguen arrastrando la misma asfixiante asimetría estructural: tienen que comprarle el aceite de soja (el 80% de su costo) a sus propios competidores y afrontar costos logísticos monumentales por su lejanía de los puertos.
Modificar los porcentajes y agregar herramientas electrónicas demuestra que la presión de los gobernadores y del sector productivo logró obligar al oficialismo a revisar los números. No obstante, el espíritu de la ley sigue priorizando una concentración industrial que favorece a un puñado de corporaciones globales a costa de poner en jaque el trabajo genuino y el federalismo productivo. Ajustar las planillas en el Senado no alcanza si el resultado final sigue siendo vaciar el interior para premiar a los amigos de la desregulación dogmática.
Carlos Alberto Leiva