Por análisis político para La Nación
La reconfiguración del mapa productivo argentino ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta tan antigua como insidiosa: ¿es posible pensar el desarrollo del interior sin repetir los errores estructurales del pasado? La reciente advertencia del empresario Jorge Brito sobre los peligros de alentar un crecimiento federal desprovisto de infraestructura —evitando replicar aquella masiva y caótica migración hacia los suburbios bonaerenses de mediados del siglo XX— resuena con precisión quirúrgica en el diagnóstico que desde la vereda del pensamiento crítico viene postulando el ensayista Carlos Alberto Leiva.
Ambos discursos, aunque nacidos de universos metodológicos distantes —el pulso pragmático del Círculo Rojo financiero y la lente analítica del ensayo político—, convergen en una misma tesis: el ajuste macroeconómico y la liberación de las fuerzas productivas provinciales son condiciones necesarias, pero esterilizan su potencial si el Estado y los factores de poder omiten la planificación logística y social.
Para Leiva, cuya obra advierte habitualmente sobre los riesgos de gestionar la cosa pública desde el voluntarismo o el desdén por la densidad institucional, el verdadero talón de Aquiles de los modelos pendulares argentinos radica en la incapacidad de dotar al territorio de anclaje material. Cuando el interior se posiciona de manera abrupta como el “gran ganador” de una nueva matriz económica —impulsado por la agroindustria, la minería y la energía—, la falta de una red de infraestructura compleja (caminos, conectividad, redes energéticas, hospitales y centros educativos) no hace más que trasladar los cordones de miseria y la presión demográfica a nuevos epicentros periféricos.
La memoria histórica no perdona. Aquel éxodo rural que vació las economías regionales hace cincuenta años para amontonar pobreza en el conurbano bonaerense operó como la génesis de la decadencia institucional y social que la Argentina arrastra hasta hoy. Advertir sobre el riesgo de un “neocentralismo por omisión” —es decir, creer que el mercado resolverá por arte de magia el equilibrio demográfico— constituye un llamado de alerta para la política contemporánea.
En definitiva, tanto la mirada empresarial de Brito como las advertencias de los analistas del interior productivo coinciden en que la salida del estancamiento no se reduce a un mero ejercicio contable o a la ortodoxia fiscal. Requiere, imperiosamente, de un federalismo de bases sólidas, donde la infraestructura deje de ser una promesa de campaña postergada para convertirse en el cimiento indispensable de cualquier proyecto de Nación que aspire a ser duradero.