La historia política de la República Argentina se ha caracterizado por un pendular constante entre relatos maximalistas que, en su afán refundacional, terminan por colisionar contra la dura e inapelable realidad de la calle. Durante años, la retórica de una “justicia social” mal entendida operó como una proclama que, al desvincularse del rigor fiscal, la sustentabilidad macroeconómica y la eficiencia de la gestión, terminó por desgastar su propio significado. El resultado previsible de ese agotamiento no fue la madurez institucional, sino el advenimiento de un vacío de representación absoluto: un desierto político que propició el surgimiento del experimento anarcocapitalista encabezado por Javier Milei.
Sin embargo, el sueño libertario de disolver el Estado ha comenzado a revelar sus límites naturales al estrellarse contra la pared de la gestión real. Gobernar un país desde el dogma de la teoría económica de pizarrón demostró ser una quimera insostenible, marcada por el fracaso de no poder dinamitar el Banco Central, la sumisión ineludible ante el FMI y la imposibilidad fáctica de erradicar un andamiaje estatal que resiste en el territorio. La victoria definitiva sobre esta utopía de mercado no radica en el retorno a la épica discursiva del pasado, sino en la capitulación conceptual del propio experimento frente al redescubrimiento de una verdad oculta que siempre estuvo allí, firmemente anclada en el texto de nuestra Ley Suprema: el Estado de bienestar alberdiano.
Cuando cortamos amarras con el absolutismo de la corona española, la Generación de 1853 no fundó un capitalismo de selva ni una anarquía desregulada. Juan Bautista Alberdi y los constituyentes edificaron un orden institucional robusto, republicano y federal, cuyo mandato explícito e irrenunciable —plasmado en el Preámbulo— es promover el bienestar general. Este Estado de bienestar de matriz liberal no requiere de nuevas proclamas ideológicas ni de místicas militantes; la justicia social se encuentra plenamente blindada en el andamiaje constitucional, a la espera de un cumplimiento ordenado, técnico y transparente.
La salida definitiva a la orfandad del centro político y al vacío actual se estructura a través de una mentalidad profundamente laborista y federal. El verdadero dinamizador del progreso no es la patria financiera ni el subsidio perpetuo, sino el empleo genuino, el capital productivo y la infraestructura que conecta al interior profundo. En esta tarea, la alianza conceptual con los gobernadores de provincia deja de ser una utopía para convertirse en una necesidad pragmática. Son los líderes provinciales quienes administran el verdadero Estado de bienestar en el territorio —los hospitales, las escuelas, las rutas— mientras resisten los embates de los dogmas centralistas. La Constitución Nacional es su escudo federal.
Este giro hacia el realismo constitucional demuele cualquier intento de síntesis con los extremos. Del lado del kirchnerismo, desde el Instituto Patria, se percibe este pensamiento con una estricta vigilancia defensiva, conscientes de que un peronismo de gestión, pragmático y apegado a la legalidad institucional, amenaza con jubilar el monopolio de su relato y emancipar a los gobernadores de la lógica del AMBA. En la vereda contigua, figuras como Victoria Villarruel observan cómo el Estado de bienestar alberdiano desarma el núcleo de la fantasía anárquica sin pedir permiso. Con ellos no hay puentes ni síntesis posibles, sino la constatación de que la realidad los ha dejado atrás.
Frente a la estridencia de los extremos, aquí no hay cajas de cambios sofisticadas ni cálculos tácticos para especular con el descontento: solo tengo una sola velocidad, a lo Richie Kotzen, al palo y sin levantar el pie. El futuro pertenece al realismo productivo, a la honestidad intelectual del diagnóstico y a la reconstrucción de un país previsible. Para llenar el vacío político, solo hace falta volver a la fuente: administrar con responsabilidad fiscal, fortalecer el músculo de las instituciones originarias y hacer cumplir, simplemente, la Constitución Nacional.
Carlos Alberto Leiva