El Congreso volvió a demostrar que el tablero político no se mueve a dedo y que conseguir leyes a libro cerrado es una misión cada vez más compleja. La semana pasada, el oficialismo sufrió un duro traspié legislativo con el proyecto del llamado “Súper-RIGI”: la iniciativa quedó congelada en el Senado porque faltaron las firmas necesarias para emitir dictamen. Detrás de ese portazo no hay solo una jugada parlamentaria, sino un fuerte cruce de intereses entre la necesidad de atraer dólares y la defensa a uñas y dientes del entramado productivo nacional.
El día que los números no cerraron
La encargada de llevar adelante las negociaciones era Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista. Sin embargo, los números se le cayeron de las manos a último momento. Le faltaron las firmas clave de los senadores radicales Maximiliano Abad y Eduardo Vischi, de los representantes del PRO Martín Goerling Lara y Victoria Huala, y del aliado provincial Carlos Espínola.
¿Qué pasó en el medio? Minutos antes de que arrancara el plenario, estos legisladores mantuvieron contactos calientes con referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y se plantaron. Llevaban un reclamo bajo el brazo: el proyecto oficial era demasiado laxo y dejaba muy desprotegida a la industria local frente a los gigantes extranjeros. Ante la negativa de incorporar cambios profundos, los aliados hicieron lo que nadie en la Rosada quería: se negaron a poner el gancho y el despacho quedó en suspenso. Frustrada, la propia Bullrich lo resumió al salir: “Si hay que desnaturalizar el proyecto, lo mejor es que siga el RIGI actual”.
¿De qué se trataba la pelea de fondo?
Para entender por qué se trabó la máquina, hay que mirar la letra chica. El RIGI original —el que se aprobó junto a la Ley Bases— ya ofrecía beneficios fiscales y cambiarios gigantescos para inversiones mayores a los 200 millones de dólares. El “Súper-RIGI” buscaba subir esa vara a los 1.000 millones, abriendo el juego a rubros muy diversos sin un límite estricto, bajo la sospecha opositora de que se trataba de un traje a medida para megaproyectos tecnológicos de altísimo consumo energético.
Pero el corazón del conflicto estuvo en el “Compre Nacional”. El oficialismo venía sosteniendo un piso del 20% para proveedores locales. La UIA exigía llevar ese porcentaje al 40%, limitarlo estrictamente a bienes (para evitar que se contraten servicios profesionales de afuera) y meter una cláusula de protección que obligue a contratar a la industria local incluso si sus precios eran un 15% más caros que los de afuera.
Para los industriales, se trata de una cuestión de supervivencia: sin reglas claras, la llegada masiva de capitales externos puede barrer con las pymes y los proveedores de barrio. Del otro lado, la postura oficialista replicaba que poner tantas trabas espanta a los inversores que ponen plata fresca y mueven la aguja grande.
Un mensaje político que cruza la Rosada
Más allá de los porcentajes y de la economía, el episodio dejó una lectura política ineludible. El freno no fue una simple distracción: funcionó como un claro límite al ritmo y a las condiciones que el Ejecutivo pretendía imponer. Al unirse los reclamos de la industria con las terminales políticas de gobernadores y legisladores dialoguistas, el mensaje al presidente Javier Milei fue contundente: la política tradicional y los sectores productivos internos todavía tienen herramientas para decir “hasta acá llegamos” cuando sienten que se desatiende el mercado local.
En este tablero, la peor parada quedó Patricia Bullrich, que no pudo cumplir su rol de armadora y aglutinadora de tropa, quedando atrapada entre las exigencias inflexibles de la Casa Rosada y la rebelión de sus propios aliados. Ahora, la pelota pasó a la mesa chica del poder político, que deberá definir si se sienta a negociar los cambios proteccionistas o si se resigna a administrar las reglas de juego que ya estaban vigentes.
Carlos Alberto Leiva