El rol del Estado como organismo contralor y regulador de la economía vuelve al centro del debate ante un escenario persistente: los aumentos en servicios, tarifas y bienes esenciales continúan corriendo sistemáticamente por encima del índice general de inflación. Mientras el discurso oficial promueve la liberación total de los mercados bajo la premisa de corregir distorsiones históricas, la renuncia explícita del Estado a ejercer su poder de policía y fiscalización acarrea consecuencias directas sobre el tejido social.
El rol indelegable del Estado como contralor
Históricamente, la arquitectura institucional de un país contempla al Estado no como un actor neutral, sino como el árbitro último encargado de equilibrar las asimetrías de poder entre las corporaciones proveedoras de servicios esenciales y los ciudadanos. Cuando se habla de precios relativos —como el costo de la energía, el transporte, la salud o la educación privada—, la intervención estatal cumple una función reguladora vital. Al arbitrar tarifas y fijar topes o pautas de actualización, el organismo contralor actúa como un amortiguador que evita que las fluctuaciones del mercado se transformen en un shock destructivo para los ingresos de la población.
Las consecuencias de abdicar el control y dejar todo en manos del mercado
La decisión política de desregular e inhibir los mecanismos de control estatal traslada la fijación de precios al arbitrio de la oferta y la demanda, o bien a la voluntad de estructuras monopólicas y oligopólicas. Sin la contención de un Estado regulador, se desatan efectos inmediatos en cadena:
- Asfixia de los ingresos fijos: Al desregularse los precios de los servicios públicos y los gastos corrientes, jubilados, trabajadores informales y clases medias quedan desprotegidos frente a incrementos que pulverizan su poder adquisitivo en cuestión de semanas.
- Inflación estructural de costos fijos: Las empresas trasladan sus mayores costos operativos (generados por la liberación de tarifas energéticas y combustibles) directamente a los consumidores, generando un espiral donde los gastos indispensables devoran la mayor parte del presupuesto familiar antes de finalizar el mes.
- Concentración económica y pérdida de bienestar: La ausencia de controles favorece a los sectores primarios exportadores y financieros, pero ahoga al mercado interno, golpeando con dureza a las PyMEs y al comercio minorista que dependen del consumo masivo de una sociedad descapitalizada.
¿A quién le cierra el modelo de la desregulación total?
La ecuación resultante demuestra que la estabilidad macroeconómica —medida exclusivamente en términos de superávit fiscal y contención de la emisión— se financia mediante una transferencia masiva de recursos desde los sectores de menores ingresos y el aparato productivo interno hacia los grandes capitales concentrados y las cuentas públicas saneadas por la vía de la licuación.
Cuando el Estado renuncia a su rol de contralor bajo la fe ciega de que el mercado se autoajustará en beneficio de todos, la realidad cotidiana evidencia que el peso del ajuste recae sobre los eslabones más débiles, transformando la crisis de precios en un proceso crónico de achicamiento social.
Carlos Alberto Leiva